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Río Baker, Región de Aysén.

Desde el año 2007 el Consejo de Defensa de la Patagonia -junto a múltiples organizaciones locales, nacionales e internacionales reunidas en la campaña “Patagonia sin Represas”- se ha enfocado en proteger el territorio aysenino de los impactos sociales, ambientales y en actividades económicas sustentables, que generarían grandes proyectos de infraestructura hidroeléctrica y sus torres asociadas.

En este proceso se ha posicionado la gran importancia del agua y las energías renovables no convencionales como una opción país, además de la relevancia de Aysén, reserva de vida, como un territorio excepcional, con una ciudadanía consciente y con mejores opciones productivas (armónicas con el medioambiente y las comunidades) que convertirlo en la Gran Pila de Chile.

Una de las amenazas principales que enfrentó la región es el proyecto HidroAysén, joint venture entre la italiana Enel (51%, a través de Endesa) y la chilena Colbún (49%) que pretendió construir dos represas en el río Baker y tres en el río Pascua.  Luego de ser aprobado durante el gobierno de Sebastián Piñera en sus etapas regional y nacional, en 2014 el Comité de Ministros de la administración de Michelle Bachelet revocó el visto bueno previo y, posteriormente, lo rechazó. La empresa recurrió a Tribunales Ambientales para impugnar la decisión, estando hoy radicado el litigio en el Tribunal Ambiental de Santiago.

En paralelo, la empresa está impugnando ante la Corte de Apelaciones de Santiago la decisión del Ministerio de Obras Públicas, por medio de la cual, conjuntamente con establecer caudales de reserva en los ríos Baker y Pascua en la Región de Aysén, rechazó una serie de solicitudes de derechos de agua necesarios para materializar el proyecto HidroAysén.

La otra amenaza es el proyecto hidroeléctrico en río Cuervo, de la suiza Glencore (66 %) y la australiana Origin Energy (34 %), que consiste en la construcción de dos represas ubicadas en cada uno de los brazos del río Cuervo, inundando 13mil ha, que darían una capacidad instalada de 640 MW con una inversión inicial de USD $733 millones. Esta iniciativa fue aprobada a nivel regional por el gobierno de Sebastián Piñera y ratificada por el Comité de Ministros de Michelle Bachelet en 2016.

Las organizaciones que participaron en el proceso de evaluación ambiental presentaron impugnaciones en el Tribunal Ambiental de Valdivia, en el cual se encuentra radicada actualmente la discusión relativa a la legalidad de la aprobación ambiental de dicho proyecto hidroeléctrico.

Por Patricio Segura Ortiz

Periodista de Aysén