Categoría: Conservación océanos

Se convirtió en el primer país en prohibir esta actividad antes de su instalación y que arrasa con el ambiente marino y afecta a las comunidades costeras alrededor del mundo. En contraste, organizaciones sociales en Chile toman este ejemplo y piden mayor fiscalización.

La legislatura fueguina aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego; actividad que amenaza no solamente al ambiente sino a la salud y la economía de la provincia. La ley, promovida por el legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino, puso a Argentina en los ojos del mundo, posicionando al país como el primero en tomar una decisión de tal magnitud en cuanto al cuidado del ambiente antes de la instalación de la industria en un territorio.  

“La sanción de esta ley es una clara y contundente definición institucional que destaca la importancia que tiene para los fueguinos, la protección y conservación de nuestros recursos naturales, del patrimonio genético de nuestros seres vivos y de su ambiente para un desarrollo económico sostenible”, resaltó el legislador Villegas.

En Argentina, el único lugar viable para este tipo de emprendimientos son las prístinas aguas del Canal Beagle en Tierra del Fuego. Estas aguas, además de concentrar el 50% de los bosques de macroalgas que existen en el país, son uno de los grandes sumideros de carbono del planeta y “hotspot” de biodiversidad.  

David Alday, representante de la comunidad Yagán, afirmó: “Es un hito tremendo el que han logrado del otro lado del Canal. Nosotros conseguimos sacar las salmoneras y ustedes lograron que no haya salmonicultura, esto tiene un gran impacto para nosotros, es una señal y un respaldo a nuestra comunidad y territorio indígena y al archipiélago”, y resaltó: “Queremos que en Chile esto se sepa, que del último lugar del planeta se ejecutó un hito contra una industria tan destructiva como la salmonicultura”.

“Desde el lado chileno, en la Ecorregión marina de canales y fiordo, los Centros de Engorda de Salmones operan en promedio en un 40% en condiciones anaeróbicas, afectando la calidad de las aguas y sedimentos y, consecuentemente, la biodiversidad. La prohibición en Tierra del Fuego, significa que existirá un reservorio de biodiversidad, lo que permitirá restaurar los mares chilenos que están siendo impactada por esta industria, aunque hay ecosistemas marinos vulnerables en la zona que son de muy lenta recuperación” explica Javier Trivelli, Ingeniero de Recursos Naturales Renovables de Geute Conservación Sur haciendo referencia a un precedente positivo para el país.

El contraste chileno

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, la industria salmonera en Chile se inició en la década del 70 y desde entonces ya tiene una gran presencia entre las regiones de la Araucanía y Magallanes. Incluso opera en la reserva nacional Kawésqar y el parque Alberto Agostini, desde donde las comunidades ya han pedido su salida. Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial y sus exportaciones alcanzaron los US$4.389 millones el año pasado. Sin embargo, la actividad no está libre de desastres naturales en las zonas de operación.

El último hecho ocurrió en abril de este año donde se registró la mortandad masiva de más de 5 mil toneladas de salmones en el Fiordo Comau y los canales Jacaf y Puyuhuapi, lo que activó a más de 60 organizaciones sociales, entre ellas Defendamos Chiloé, Adac , comunidades kawésqar y Yagan, Mission Blue, Blue Marine Foundation, AIDA, Amigos de los Parques, ONG FIMA, Chao Pescao, Cetacea, entre otras, e incluso una campaña digital de Patagonia Chile para exigir al gobierno mayor fiscalización y protección de los frágiles ecosistemas del Sur.

Fundación Terram y Geute Conservación Sur fueron parte de estas organizaciones quienes entre los años 2017 y 2018 ingresaron tres acciones a la Contraloría para realizar auditorías a la industria. El resultado se dio a conocer hace unas semanas cuando el ente rector detectó una serie de falencias en la cadena de fiscalización de diversos órganos a la industria salmonera.

Trivelli, señala que “hay que hacer un congelamiento de nuevas concesiones de acuicultura y evaluar bien donde están emplazadas. Tenemos más de 500 Centros de Engorda de Salmones al interior de áreas protegidas marinas, más de un 30% donde algunos parques no tienen ni siquiera un plan de manejo. Es una industria que tenemos que reordenar, ojalá sacar y deben haber sanciones importantes a los dueños que operen en condiciones anaeróbicas”.

Actualmente, más de 160 organizaciones territoriales y personas tomaron acción nuevamente con una declaración pública contra la propuesta de política nacional de acuicultura para las próximas dos décadas de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en consulta pública entre el 30 de abril y 5 de julio. “Lo que proponemos junto a una serie de organizaciones es principalmente que esto debe detenerse como proceso y supeditarse a la nueva constitución porque es contradictorio que quieras aprobar una política nacional a 20 años siendo que estás en un proceso histórico único constitucional” señala Juan Carlos Viveros, miembro de Defendamos Chiloé.

En la declaración se pide además redirigir los fondos públicos para la investigación que permita comprender los ecosistemas, optimizar las fiscalizaciones, detener las operaciones que están causando un daño en los frágiles ecosistemas del sur e implementar planes de desarrollo local en base a cada territorio y sus comunidades. (Firma la declaración aquí). 

Sobre esto, Flavia Liberona, bióloga y Directora Ejecutiva de Fundación Terram explica: “Hay que reformular la ley de pesca y acuicultura y hay muchos desafíos para hacerla social y ambientalmente más responsable. Es fundamental separar la acuicultura de pequeña escala del debate sobre salmonicultura y poner muchas más acciones de fiscalización y sanción en la salmonicultura o acuicultura intensiva en general. Y en materia presupuestaria, el Estado debe poner fondos para la  fiscalización tanto en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) como en Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA)”.

Si bien hoy se celebra en Argentina un verdadero triunfo ambiental, en Chile aún hay mucho trabajo por hacer, pero esto confirma que efectivamente es posible avanzar hacia una economía nueva, donde las comunidades de vida conviven en armonía y se beneficien mutuamente, construyendo un presente próspero sin hipotecar el futuro de las generaciones venideras.  

Geute Conservación Sur en conjunto con Fundación Terram presentaron una serie de acciones ante la Contraloría General de la República (CGR) al detectar una serie de infracciones al marco regulatorio existente. La Contraloría dio respuesta, detectando serias falencias en el ejercicio de las atribuciones de control y fiscalización de diversos órganos con competencias relacionadas a la actividad salmonera, entre ellos, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Superintendencia de Medio Ambiente, entre otros organismos estatales.

Chile es el segundo mayor productor de salmón del mundo, produciendo alrededor de 842.000 toneladas al año. Lamentablemente, esta industria ha provocado una serie de impactos ambientales en ecosistemas costeros y acuáticos, en especial en la zona de los fiordos y canales australes de la Patagonia chilena, donde se ha expandido de manera importante durante los últimos años. Uno de sus principales efectos es la generación de condiciones anaeróbicas (falta de oxígeno) tanto en la columna de agua como en el fondo marino por acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos, producido por el alimento no consumido y las fecas de toneladas de salmones en proceso de engorda.

Las ONGs Geute Conservación Sur y Fundación Terram realizaron una exhaustiva investigación, la cual demostró que las autoridades competentes no realizan correctamente su labor. Por ello, ingresaron el 2017 y 2018 un total de tres acciones a la Contraloría General de la República, con el fin de que se realizaran las auditorías respectivas.  

Después de cuatro años, el órgano contralor dio respuesta mediante su Informe de Auditoria N° 335/2019, donde detalla las falencias detectadas en la fiscalización y en la evaluación a la industria por parte de cinco entidades gubernamentales que regulan y fiscalizan a la industria salmonera: el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca); la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca); la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA); el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA). 

El principal resultado de la auditoría es que, durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2019, se detectaron graves incumplimientos en la aplicación de las leyes, atrasos en la implementación de reglamentos y ausencia de procedimientos administrativos adecuados para fiscalizar y evaluar la instalación y operación de centros de cultivo de salmones en la Patagonia chilena. 

“El informe de auditoría de la Contraloría resulta valorable y preocupante a la vez, pues detecta falencias en cuestiones que, a esta altura, debieran entenderse mínimas para una adecuada fiscalización de la industria, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los plazos para ejercer sus potestades. Lo anterior se constata, por ejemplo, en la mínima evaluación y aprobación de los planes de acción ante contingencias por parte de Sernapesca, o la falta de atención oportuna de denuncias formuladas en el caso de la SMA y la SSFFAA, lo cual repercute directamente en la escasa operatividad del régimen sancionatorio”, opina Christian Paredes, abogado de Fundación Terram. 

“Esta auditoría se suma a dictámenes de los años 2016 y 2017 que arrojaron hallazgos similares. Es decir, podemos hablar de una negligencia sistemática y permanente de parte de los organismos que debieran regular una actividad que provoca contaminación en el medio ambiente marino y que no es regulada ni fiscalizada de manera adecuada por los organismos pertinentes”, asegura Álvaro Montaña, uno de los profesionales de Geute Conservación Sur que participó en la investigación de la industria y en las acciones presentadas a la Contraloría para solicitar dichas auditorías.

Qué dice el informe

En su informe, la Contraloría General de la República ordena al Servicio de Evaluación Ambiental mantener criterios uniformes para evaluar proyectos acuícolas que se sitúen dentro o estén cercanos a áreas protegidas. Recordemos que la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece que proyectos de este tipo requieren de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin embargo, ellos se han evaluado prácticamente en su totalidad mediante simples Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

“Si bien es cierto lo constatado con relación a la falta de criterios objetivos y uniformes para asegurar la correcta evaluación ambiental de proyectos acuícolas localizados en o próximos a áreas protegidas, era de esperar un pronunciamiento más categórico del órgano contralor, toda vez que no se trata solo de un problema de fijación de criterios (sobre lo cual el SEA ha tenido interpretaciones reconocidamente restrictivas), sino derechamente de incumplimiento de normativa ambiental expresa, que exige necesariamente a dichos proyectos ingresar al SEIA vía Estudio de Impacto Ambiental”, agrega Paredes.

Respecto al Sernapesca, constata tres problemas: este servicio no fiscaliza la exacta y correcta ubicación de los centros de cultivo; no tiene un registro adecuado de las fiscalizaciones realizadas; y la gran mayoría de los Planes de Acción ante Contingencias presentados en materia de florecimientos de algas nocivas (FAN) y escapes de salmones, no habían sido debidamente evaluados y aprobados por este servicio. 

En relación a la SMA, según lo auditado, esta entidad no habría fiscalizado ni sancionado a 10 centros de cultivo que se encontraban ubicados fuera de su área de concesión. Lo mismo ocurrió con la SSFFAA.

“Sin duda este informe es importante, pero debemos seguir avanzando en crear la jurisprudencia para que, efectivamente, todos los proyectos de salmonicultura sean evaluados a través de un Estudio de Impacto Ambiental, ya que a nuestro juicio generan impactos significativos al medio ambiente, en especial si analizamos los impactos sinérgicos de la industria, la que opera con un 20% de los centros de acuicultura en condición anaeróbica anualmente, situación que degrada la calidad de las aguas y el fondo marino de los fiordos australes de Chile”, explica Javier Trivelli, ingeniero en recursos naturales de Geute Conservación Sur, sobre los pasos a seguir tras este informe.