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Tierra del Fuego logró poner los ojos del mundo en Argentina al decir NO a la salmonicultura

CP Ley Salmoneras Tierra del Fuego

Se convirtió en el primer país en prohibir esta actividad antes de su instalación y que arrasa con el ambiente marino y afecta a las comunidades costeras alrededor del mundo. En contraste, organizaciones sociales en Chile toman este ejemplo y piden mayor fiscalización.

La legislatura fueguina aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la salmonicultura en Tierra del Fuego; actividad que amenaza no solamente al ambiente sino a la salud y la economía de la provincia. La ley, promovida por el legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino, puso a Argentina en los ojos del mundo, posicionando al país como el primero en tomar una decisión de tal magnitud en cuanto al cuidado del ambiente antes de la instalación de la industria en un territorio.  

La sanción de esta ley es una clara y contundente definición institucional que destaca la importancia que tiene para los fueguinos, la protección y conservación de nuestros recursos naturales, del patrimonio genético de nuestros seres vivos y de su ambiente para un desarrollo económico sostenible”, resaltó el legislador Villegas.

En Argentina, el único lugar viable para este tipo de emprendimientos son las prístinas aguas del Canal Beagle en Tierra del Fuego. Estas aguas, además de concentrar el 50% de los bosques de macroalgas que existen en el país, son uno de los grandes sumideros de carbono del planeta y “hotspot” de biodiversidad.  

David Alday, representante de la comunidad Yagán, afirmó: “Es un hito tremendo el que han logrado del otro lado del Canal. Nosotros conseguimos sacar las salmoneras y ustedes lograron que no haya salmonicultura, esto tiene un gran impacto para nosotros, es una señal y un respaldo a nuestra comunidad y territorio indígena y al archipiélago”, y resaltó: “Queremos que en Chile esto se sepa, que del último lugar del planeta se ejecutó un hito contra una industria tan destructiva como la salmonicultura”.

Desde el lado chileno, en la Ecorregión marina de canales y fiordo, los Centros de Engorda de Salmones operan en promedio en un 40% en condiciones anaeróbicas, afectando la calidad de las aguas y sedimentos y, consecuentemente, la biodiversidad. La prohibición en Tierra del Fuego, significa que existirá un reservorio de biodiversidad, lo que permitirá restaurar los mares chilenos que están siendo impactada por esta industria, aunque hay ecosistemas marinos vulnerables en la zona que son de muy lenta recuperación” explica Javier Trivelli, Ingeniero de Recursos Naturales Renovables de Geute Conservación Sur haciendo referencia a un precedente positivo para el país.

El contraste chileno

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, la industria salmonera en Chile se inició en la década del 70 y desde entonces ya tiene una gran presencia entre las regiones de la Araucanía y Magallanes. Incluso opera en la reserva nacional Kawésqar y el parque Alberto Agostini, desde donde las comunidades ya han pedido su salida. Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial y sus exportaciones alcanzaron los US$4.389 millones el año pasado. Sin embargo, la actividad no está libre de desastres naturales en las zonas de operación.

El último hecho ocurrió en abril de este año donde se registró la mortandad masiva de más de 5 mil toneladas de salmones en el Fiordo Comau y los canales Jacaf y Puyuhuapi, lo que activó a más de 60 organizaciones sociales, entre ellas Defendamos Chiloé, Adac , comunidades kawésqar y Yagan, Mission Blue, Blue Marine Foundation, AIDA, Amigos de los Parques, ONG FIMA, Chao Pescao, Cetacea, entre otras, e incluso una campaña digital de Patagonia Chile para exigir al gobierno mayor fiscalización y protección de los frágiles ecosistemas del Sur.

Fundación Terram y Geute Conservación Sur fueron parte de estas organizaciones quienes entre los años 2017 y 2018 ingresaron tres acciones a la Contraloría para realizar auditorías a la industria. El resultado se dio a conocer hace unas semanas cuando el ente rector detectó una serie de falencias en la cadena de fiscalización de diversos órganos a la industria salmonera.

Trivelli, señala que “hay que hacer un congelamiento de nuevas concesiones de acuicultura y evaluar bien donde están emplazadas. Tenemos más de 500 Centros de Engorda de Salmones al interior de áreas protegidas marinas, más de un 30% donde algunos parques no tienen ni siquiera un plan de manejo. Es una industria que tenemos que reordenar, ojalá sacar y deben haber sanciones importantes a los dueños que operen en condiciones anaeróbicas”.

Actualmente, más de 160 organizaciones territoriales y personas tomaron acción nuevamente con una declaración pública contra la propuesta de política nacional de acuicultura para las próximas dos décadas de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en consulta pública entre el 30 de abril y 5 de julio. “Lo que proponemos junto a una serie de organizaciones es principalmente que esto debe detenerse como proceso y supeditarse a la nueva constitución porque es contradictorio que quieras aprobar una política nacional a 20 años siendo que estás en un proceso histórico único constitucional” señala Juan Carlos Viveros, miembro de Defendamos Chiloé.

En la declaración se pide además redirigir los fondos públicos para la investigación que permita comprender los ecosistemas, optimizar las fiscalizaciones, detener las operaciones que están causando un daño en los frágiles ecosistemas del sur e implementar planes de desarrollo local en base a cada territorio y sus comunidades. (Firma la declaración aquí). 

Sobre esto, Flavia Liberona, bióloga y Directora Ejecutiva de Fundación Terram explica: “Hay que reformular la ley de pesca y acuicultura y hay muchos desafíos para hacerla social y ambientalmente más responsable. Es fundamental separar la acuicultura de pequeña escala del debate sobre salmonicultura y poner muchas más acciones de fiscalización y sanción en la salmonicultura o acuicultura intensiva en general. Y en materia presupuestaria, el Estado debe poner fondos para la  fiscalización tanto en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) como en Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA)”.

Si bien hoy se celebra en Argentina un verdadero triunfo ambiental, en Chile aún hay mucho trabajo por hacer, pero esto confirma que efectivamente es posible avanzar hacia una economía nueva, donde las comunidades de vida conviven en armonía y se beneficien mutuamente, construyendo un presente próspero sin hipotecar el futuro de las generaciones venideras.  

Contraloría detecta fallas en toda la cadena fiscalizadora de la industria salmonera

Geute Conservación Sur en conjunto con Fundación Terram presentaron una serie de acciones ante la Contraloría General de la República (CGR) al detectar una serie de infracciones al marco regulatorio existente. La Contraloría dio respuesta, detectando serias falencias en el ejercicio de las atribuciones de control y fiscalización de diversos órganos con competencias relacionadas a la actividad salmonera, entre ellos, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Superintendencia de Medio Ambiente, entre otros organismos estatales.

Chile es el segundo mayor productor de salmón del mundo, produciendo alrededor de 842.000 toneladas al año. Lamentablemente, esta industria ha provocado una serie de impactos ambientales en ecosistemas costeros y acuáticos, en especial en la zona de los fiordos y canales australes de la Patagonia chilena, donde se ha expandido de manera importante durante los últimos años. Uno de sus principales efectos es la generación de condiciones anaeróbicas (falta de oxígeno) tanto en la columna de agua como en el fondo marino por acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos, producido por el alimento no consumido y las fecas de toneladas de salmones en proceso de engorda.

Las ONGs Geute Conservación Sur y Fundación Terram realizaron una exhaustiva investigación, la cual demostró que las autoridades competentes no realizan correctamente su labor. Por ello, ingresaron el 2017 y 2018 un total de tres acciones a la Contraloría General de la República, con el fin de que se realizaran las auditorías respectivas.  

Después de cuatro años, el órgano contralor dio respuesta mediante su Informe de Auditoria N° 335/2019, donde detalla las falencias detectadas en la fiscalización y en la evaluación a la industria por parte de cinco entidades gubernamentales que regulan y fiscalizan a la industria salmonera: el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca); la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca); la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA); el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA). 

El principal resultado de la auditoría es que, durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2019, se detectaron graves incumplimientos en la aplicación de las leyes, atrasos en la implementación de reglamentos y ausencia de procedimientos administrativos adecuados para fiscalizar y evaluar la instalación y operación de centros de cultivo de salmones en la Patagonia chilena. 

“El informe de auditoría de la Contraloría resulta valorable y preocupante a la vez, pues detecta falencias en cuestiones que, a esta altura, debieran entenderse mínimas para una adecuada fiscalización de la industria, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los plazos para ejercer sus potestades. Lo anterior se constata, por ejemplo, en la mínima evaluación y aprobación de los planes de acción ante contingencias por parte de Sernapesca, o la falta de atención oportuna de denuncias formuladas en el caso de la SMA y la SSFFAA, lo cual repercute directamente en la escasa operatividad del régimen sancionatorio”, opina Christian Paredes, abogado de Fundación Terram. 

“Esta auditoría se suma a dictámenes de los años 2016 y 2017 que arrojaron hallazgos similares. Es decir, podemos hablar de una negligencia sistemática y permanente de parte de los organismos que debieran regular una actividad que provoca contaminación en el medio ambiente marino y que no es regulada ni fiscalizada de manera adecuada por los organismos pertinentes”, asegura Álvaro Montaña, uno de los profesionales de Geute Conservación Sur que participó en la investigación de la industria y en las acciones presentadas a la Contraloría para solicitar dichas auditorías.

Qué dice el informe

En su informe, la Contraloría General de la República ordena al Servicio de Evaluación Ambiental mantener criterios uniformes para evaluar proyectos acuícolas que se sitúen dentro o estén cercanos a áreas protegidas. Recordemos que la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente establece que proyectos de este tipo requieren de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), sin embargo, ellos se han evaluado prácticamente en su totalidad mediante simples Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

“Si bien es cierto lo constatado con relación a la falta de criterios objetivos y uniformes para asegurar la correcta evaluación ambiental de proyectos acuícolas localizados en o próximos a áreas protegidas, era de esperar un pronunciamiento más categórico del órgano contralor, toda vez que no se trata solo de un problema de fijación de criterios (sobre lo cual el SEA ha tenido interpretaciones reconocidamente restrictivas), sino derechamente de incumplimiento de normativa ambiental expresa, que exige necesariamente a dichos proyectos ingresar al SEIA vía Estudio de Impacto Ambiental”, agrega Paredes.

Respecto al Sernapesca, constata tres problemas: este servicio no fiscaliza la exacta y correcta ubicación de los centros de cultivo; no tiene un registro adecuado de las fiscalizaciones realizadas; y la gran mayoría de los Planes de Acción ante Contingencias presentados en materia de florecimientos de algas nocivas (FAN) y escapes de salmones, no habían sido debidamente evaluados y aprobados por este servicio. 

En relación a la SMA, según lo auditado, esta entidad no habría fiscalizado ni sancionado a 10 centros de cultivo que se encontraban ubicados fuera de su área de concesión. Lo mismo ocurrió con la SSFFAA.

“Sin duda este informe es importante, pero debemos seguir avanzando en crear la jurisprudencia para que, efectivamente, todos los proyectos de salmonicultura sean evaluados a través de un Estudio de Impacto Ambiental, ya que a nuestro juicio generan impactos significativos al medio ambiente, en especial si analizamos los impactos sinérgicos de la industria, la que opera con un 20% de los centros de acuicultura en condición anaeróbica anualmente, situación que degrada la calidad de las aguas y el fondo marino de los fiordos australes de Chile”, explica Javier Trivelli, ingeniero en recursos naturales de Geute Conservación Sur, sobre los pasos a seguir tras este informe.

Sobre la tramitación del proyecto que crea el nuevo Ministerio de Agricultura y traslada a él toda institucionalidad pesquera – Declaración Pública

Grupo Política Pesquera

Desde mediados del año 2019 nos hemos reunido, mensualmente, trece organizaciones de la sociedad civil de distintos orígenes y enfoques en un Grupo de Trabajo en Política Pública Pesquera de Chile, cuyo fin es proponer mejoras a la política pública del sector para contribuir en la recuperación de las pesquerías y mejorar la salud del océano. Es nuestro rol, también, analizar y discutir las propuestas de modificación a la institucionalidad pesquera en cuanto afecten -o puedan afectar- la sustentabilidad de dicho sector o afecten a las personas que viven directa o indirectamente del mar.

El pasado 23 de enero el gobierno del presidente Piñera ingresó a tramitación el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural (boletín N° 13.218-06). Tal como indicó el mandatario al momento de su ingreso, el proyecto tiene por objeto incrementar el potencial agroalimentario del país, a través del otorgamiento de mayores competencias a la institucionalidad que regula el sector agrícola. Adicionalmente, la creación de esta nueva cartera también incorpora cambios sustantivos en lo que a pesca y acuicultura respecta, pues contempla el traslado de todo lo relativo a esta materia, incluida la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo al nuevo ministerio.

Su tramitación ha sido catalogada como de “urgencia suma” desde el 28 de abril, la cual ha sido renovada cada 15 días. En sesión de la Comisión de Agricultura de 19 de mayo, la cual estaba citada para votar el proyecto en general, parlamentarios miembros de la misma solicitaron el retiro de la urgencia al proyecto y extender el plazo de la votación, para así dar más tiempo para su revisión y poder escuchar a todos los sectores involucrados. Sin embargo, al no tener la unanimidad de los diputados, el proyecto fue votado y aprobado. Adicionalmente, quedó estipulado el acuerdo de la renovación de la suma urgencia pues, y en palabras del ministro Antonio Walker, hay disponibilidad para abrir todos los espacios de diálogos “en un tiempo razonable”. Si bien la votación en general no necesariamente implica que no se recibirán más audiencias en la comisión, esta decisión mantiene acelerada la tramitación de este nuevo ministerio.

Dentro del proceso de tramitación del proyecto, que actualmente es revisado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, nos llama la atención que no está previsto su análisis por parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Tampoco el proyecto de ley presentado por el ejecutivo contempló un proceso de Consulta Indígena, ni ha procurado recoger observaciones de otros actores clave como los pescadores artesanales y organizaciones ciudadanas.

Por último, cabe hacer notar que el avance de este proyecto de ley y, en especial, la urgencia puesta por el gobierno para su tramitación ha generado un rechazo transversal de los actores involucrados[1].

De acuerdo con ello y como resultado de la discusión y análisis dentro del Grupo de Trabajo en Política Pública Pesquera, algunas de las organizaciones miembros firman y declaran lo siguiente:

  1. Que es fundamental que un proyecto de estas características tenga el tiempo necesario para su correcto análisis por parte de los parlamentarios.
  2. Que se establezca un plazo dentro de la comisión para recibir opiniones, aportes e inquietudes de los diferentes actores afectados o involucrados, como Subpesca, Sernapesca, Ifop, academia, actores a lo largo de la cadena de suministro de la pesca, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.  
  3. Que es pertinente deponer la renovación de la suma urgencia del proyecto, pues nos encontramos en un contexto nacional y mundial donde los esfuerzos legislativos deben estar centrados en la superación de la pandemia, lo que al mismo tiempo supone, en caso de continuar su tramitación, una dificultad para el correcto y detenido análisis del proyecto.
  4. Que resulta esencial la revisión de este proyecto por parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, para que pueda ser analizado el traslado de la institucionalidad pesquera a un nuevo ministerio por parte de la comisión técnica especialista del tema.
  5. Que se realice la consulta indígena de acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.[2]

Organizaciones firmantes:

  • Terram
  • Costa Humboldt
  • Pesca Sustentable
  • Geute Conservación Sur
  • WWF
  • Fundación Punta de Lobos
  • Future of Fish


[1] http://www.conapach.cl/noticias/rechazo-transversal-a-la-fusion-de-los-sectores-pesca-agricultura-y-forestal-en-un-nuevo-ministerio/

[2] El Relator Especial de Naciones Unidas (James Anaya) ha sido explícito en señalar que una legislación general de pesca debe ser sometida a consulta previa, en tanto impacta a los pueblos indígenas de un modo distinto al resto de la población, dada su particular relación con dichos recursos. Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2012. En Mesa-Lopehandía, 2019 “Consulta Previa Indígena y Medidas Legislativas: Estándar Internacional y Práctica Nacional” BCN, Valparaíso.