Dominga no es solo un proyecto minero-portuario. Es una iniciativa emplazada en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, en uno de los ecosistemas marinos más valiosos y frágiles del país: el entorno del Archipiélago de Humboldt, que incluye la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina Isla Chañaral, un sistema de corrientes frías, alta productividad biológica, cetáceos, aves endémicas y pesquerías artesanales que dependen directamente del equilibrio ecológico. No es únicamente un expediente; es un territorio. No es una discusión abstracta; es una comunidad que lleva más de una década en la incertidumbre.
El estado actual del caso puede resumirse así: el Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto, pero ese rechazo dio lugar a una nueva controversia judicial, esta vez referida a si la autoridad había dado exacto cumplimiento a lo ordenado previamente por los tribunales ambientales y a cuál era el mecanismo procesal idóneo para ejecutar esa sentencia. En otras palabras, aunque el proyecto quedó rechazado, el debate continuó en sede judicial.
De este modo, la discusión dejó de centrarse en el mérito ambiental, en si el impacto sobre los ecosistemas es o no tolerable, y se desplazó hacia un plano distinto: la forma en que debía ejecutarse lo ya resuelto y los límites de competencia en esa etapa. Esa controversia fue finalmente abordada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero el recorrido revela hasta qué punto el conflicto ha transitado desde el fondo hacia la arquitectura procesal.
Después de más de diez años de tramitación, aprobaciones, rechazos, retroacciones y recursos, el caso Dominga se ha convertido en el símbolo de un sistema que tiene dificultades para cerrar sus propios procesos. Cada decisión relevante es seguida por una nueva impugnación; y cada intento de cumplimiento abre, a su vez, una nueva discusión sobre la forma de ejecutarla. El expediente aparenta avanzar, pero el conflicto permanece intacto.
En este contexto, la intervención de la Corte de Apelaciones de Antofagasta puede leerse como un esfuerzo por ordenar la etapa de ejecución y evitar que el procedimiento se transforme en una espiral indefinida. Más allá de la posición que cada cual tenga sobre el proyecto, lo que busca la Corte es claridad y un cierre definitivo, exigiendo coherencia institucional.
Los ecosistemas marino y terrestre involucrados son objetivamente frágiles, complejos e interdependientes, de forma tal que las decisiones que se adopten pueden tener consecuencias irreversibles. Precisamente por eso, la indefinición prolongada tampoco es neutra: mantiene al territorio en una tensión constante que no equivale a protección efectiva y que, además, dificulta la planificación de inversión pública en infraestructura, conservación y desarrollo local, que requiere de escenarios institucionales claros.
La comunidad local vive esa tensión de manera concreta. No sabe si el territorio cambiará estructuralmente, si el sistema marino resistirá, si las promesas de empleo se materializarán o si la pesca artesanal y el turismo deberán reinventarse. La incertidumbre no afecta solo a inversionistas; afecta proyectos de vida, decisiones familiares y economías locales.
A ello se suma un elemento más delicado: la percepción de permeabilidad institucional. Cuando un proyecto entra y sale de aprobación según mayorías cambiantes; cuando las decisiones se retrotraen una y otra vez; cuando la ejecución misma es objeto de controversia, la confianza pública se resiente. No es necesario afirmar la existencia de corrupción para advertir ese riesgo: un sistema que no logra cerrar decisiones y que permite disputas interminables es vulnerable a la sospecha.
En materia ambiental, la sospecha erosiona tanto la aprobación como el rechazo. Debilita la legitimidad de cualquier resultado.
El derecho existe para resolver los conflictos. Cuando la discusión se instala de manera persistente en planos estrictamente formales, sin avanzar hacia una definición sustantiva, no es solo el proyecto lo que queda en suspenso: es la solidez misma del sistema la que se resiente.
Los dueños de Dominga están en su derecho de persistir y de utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico les franquea, al igual que sus opositores. El problema no radica en que ejerzan esos derechos, sino en que la estructura del sistema presenta vacíos y tensiones que permiten que la controversia se prolongue indefinidamente. En un territorio ecológicamente frágil, la debilidad institucional también es un riesgo.
Ojalá prime el sentido común y la decisión de rechazar el proyecto quede firme, otorgando certeza después de años de litigación, También es deseable que las decisiones públicas se orienten con mayor claridad hacia la conservación efectiva de los ecosistemas terrestre y marino de La Higuera, Punta de Choros, Isla Damas, Isla Choros y del conjunto del Archipiélago de Humboldt, incluyendo la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina Isla Chañaral, que constituyen un patrimonio ambiental irremplazable. Solo así el sistema podrá demostrar que es capaz no solo de procesar conflictos, sino también de proteger, con decisión y coherencia, el patrimonio natural cuya tutela le ha sido confiada.