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Categoría: Política Publica

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Dominga y su interminable loop

Dominga no es solo un proyecto minero-portuario. Es una iniciativa emplazada en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, en uno de los ecosistemas marinos más valiosos y frágiles del país: el entorno del Archipiélago de Humboldt, que incluye la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina Isla Chañaral, un sistema de corrientes frías, alta productividad biológica, cetáceos, aves endémicas y pesquerías artesanales que dependen directamente del equilibrio ecológico. No es únicamente un expediente; es un territorio. No es una discusión abstracta; es una comunidad que lleva más de una década en la incertidumbre.

Representación del Ecosistema de Humboldt en el libro editado por Geute "Propuestas para una Política Pesquera en Chile"

El estado actual del caso puede resumirse así: el Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto, pero ese rechazo dio lugar a una nueva controversia judicial, esta vez referida a si la autoridad había dado exacto cumplimiento a lo ordenado previamente por los tribunales ambientales y a cuál era el mecanismo procesal idóneo para ejecutar esa sentencia. En otras palabras, aunque el proyecto quedó rechazado, el debate continuó en sede judicial.

De este modo, la discusión dejó de centrarse en el mérito ambiental, en si el impacto sobre los ecosistemas es o no tolerable, y se desplazó hacia un plano distinto: la forma en que debía ejecutarse lo ya resuelto y los límites de competencia en esa etapa. Esa controversia fue finalmente abordada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero el recorrido revela hasta qué punto el conflicto ha transitado desde el fondo hacia la arquitectura procesal.

Después de más de diez años de tramitación, aprobaciones, rechazos, retroacciones y recursos, el caso Dominga se ha convertido en el símbolo de un sistema que tiene dificultades para cerrar sus propios procesos. Cada decisión relevante es seguida por una nueva impugnación; y cada intento de cumplimiento abre, a su vez, una nueva discusión sobre la forma de ejecutarla. El expediente aparenta avanzar, pero el conflicto permanece intacto.

En este contexto, la intervención de la Corte de Apelaciones de Antofagasta puede leerse como un esfuerzo por ordenar la etapa de ejecución y evitar que el procedimiento se transforme en una espiral indefinida. Más allá de la posición que cada cual tenga sobre el proyecto, lo que busca la Corte es claridad y un cierre definitivo, exigiendo coherencia institucional.

Los ecosistemas marino y terrestre involucrados son objetivamente frágiles, complejos e interdependientes, de forma tal que las decisiones que se adopten pueden tener consecuencias irreversibles. Precisamente por eso, la indefinición prolongada tampoco es neutra: mantiene al territorio en una tensión constante que no equivale a protección efectiva y que, además, dificulta la planificación de inversión pública en infraestructura, conservación y desarrollo local, que requiere de escenarios institucionales claros.

Delfines en Isla Damas
Piqueros por Macarena Soler Wyss
Ballena Azul en el sector de Chañaral de Aceituno por Macarena Soler Wyss
Guanaco en cercanía del pueblo Los Choros por Macarena Soler Wyss
Cormoranes por Macarena Soler Wyss
Zorro Chilla en cercanía del pueblo Los Choros por Macarena Soler Wyss
Pingüino de Humboldt y Cormoran por Macarena Soler Wyss

La comunidad local vive esa tensión de manera concreta. No sabe si el territorio cambiará estructuralmente, si el sistema marino resistirá, si las promesas de empleo se materializarán o si la pesca artesanal y el turismo deberán reinventarse. La incertidumbre no afecta solo a inversionistas; afecta proyectos de vida, decisiones familiares y economías locales.

A ello se suma un elemento más delicado: la percepción de permeabilidad institucional. Cuando un proyecto entra y sale de aprobación según mayorías cambiantes; cuando las decisiones se retrotraen una y otra vez; cuando la ejecución misma es objeto de controversia, la confianza pública se resiente. No es necesario afirmar la existencia de corrupción para advertir ese riesgo: un sistema que no logra cerrar decisiones y que permite disputas interminables es vulnerable a la sospecha.

Chañaral de Aceituno por Macarena Soler Wyss

En materia ambiental, la sospecha erosiona tanto la aprobación como el rechazo. Debilita la legitimidad de cualquier resultado.

El derecho existe para resolver los conflictos. Cuando la discusión se instala de manera persistente en planos estrictamente formales, sin avanzar hacia una definición sustantiva, no es solo el proyecto lo que queda en suspenso: es la solidez misma del sistema la que se resiente.

Los dueños de Dominga están en su derecho de persistir y de utilizar las herramientas que el ordenamiento jurídico les franquea, al igual que sus opositores. El problema no radica en que ejerzan esos derechos, sino en que la estructura del sistema presenta vacíos y tensiones que permiten que la controversia se prolongue indefinidamente. En un territorio ecológicamente frágil, la debilidad institucional también es un riesgo.

Ojalá prime el sentido común y la decisión de rechazar el proyecto quede firme, otorgando certeza después de años de litigación, También es deseable que las decisiones públicas se orienten con mayor claridad hacia la conservación efectiva de los ecosistemas terrestre y marino de La Higuera, Punta de Choros, Isla Damas, Isla Choros y del conjunto del Archipiélago de Humboldt, incluyendo la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y la Reserva Marina Isla Chañaral, que constituyen un patrimonio ambiental irremplazable. Solo así el sistema podrá demostrar que es capaz no solo de procesar conflictos, sino también de proteger, con decisión y coherencia, el patrimonio natural cuya tutela le ha sido confiada.

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En lo profundo, aún somos nómadas

Antes de las ciudades, los templos, los ejércitos o las leyes, ya éramos humanidad. Y lo fuimos bajo los cielos abiertos, siguiendo el ritmo de las estaciones. Esa historia está inscrita no sólo en los libros de arqueología, sino también en nuestra biología y epigenética: somos criaturas hechas para caminar, observar, adaptarnos e interpretar el entorno.

Hace aproximadamente 700.000 años, nuestros antecesores ya habitaban África, Europa y partes de Asia. El Homo heidelbergensis, con un cerebro grande y cuerpo robusto, fabricaba herramientas complejas y posiblemente practicaba los primeros enterramientos, lo que sugiere un incipiente simbolismo. Esta especie, considerada antecesora directa de los neandertales en Europa y quizás del Homo sapiens en África, vivía en relación estrecha con su entorno natural y seguía patrones de vida nómada en pequeños grupos. Coexistían también con el Homo erectus, una especie con más de 1,5 millones de años de antigüedad, que había conquistado el fuego, perfeccionado la carrera bípeda y expandido su presencia desde África hasta Asia. Estas especies nos recuerdan que la relación con la naturaleza es parte estructural de nuestra historia evolutiva.

Según la evidencia genética y arqueológica, el 97% del tiempo de existencia de los Homo sapiens, es decir, nosotros, los humanos modernos, ha sido nómada, en pequeños grupos recolectores y cazadores. Nuestros cerebros, sistemas inmunes, ritmos circadianos y formas de vinculación se moldearon en ese contexto. La agricultura y el sedentarismo son fenómenos muy recientes, surgidos hace apenas unos 10.000 años, y no exentos de consecuencias para la salud humana y del ecosistema (Diamond, 1987).

En términos evolutivos, 10.000 años no son nada. Considerando que el Homo sapiens apareció hace al menos 300.000 años, es decir que si toda nuestra historia se comprimiera en una línea de 100 metros, la vida sedentaria ocuparía apenas los últimos 3 metros. La evolución biológica requiere miles de generaciones para que un rasgo significativo se consolide en una especie. En comparación, 10.000 años, alrededor de 400 generaciones humanas, apenas marcan el comienzo de una transición. Es un lapso breve si lo comparamos con los cientos de miles de años que moldearon nuestra biología como cazadores-recolectores. Nuestra fisiología básica sigue siendo la de cazadores-recolectores. Muchas de las enfermedades modernas (diabetes, hipertensión, obesidad) pueden considerarse ‘mismatch diseases’, es decir, desajustes entre nuestra fisiología ancestral y el entorno actual (Lieberman, 2013).

Hoy vivimos en un mundo donde lo natural ha sido encapsulado, reducido a experiencias fragmentadas en parques, reservas o paisajes turísticos, que, aunque esenciales, no bastan por sí solas.

Estudios en ecopsicología, medicina ambiental y neurociencia han mostrado que el contacto directo con la naturaleza disminuye la ansiedad, regula el sistema nervioso, mejora la concentración y reduce procesos inflamatorios. Un metaanálisis liderado por Caoimhe Twohig-Bennett y Andy Jones (2018) publicado en la revista Environmental Research concluyó que la exposición regular a espacios verdes está asociada con menores niveles de cortisol, presión arterial, frecuencia cardíaca, obesidad e incluso mortalidad prematura.

En Japón, se ha institucionalizado el concepto de “baños de bosque” (Shinrin-yoku), práctica basada en la inmersión sensorial en entornos naturales para restaurar la salud física y emocional. Estudios clínicos han demostrado que pasar tan solo dos horas en un bosque aumenta significativamente la actividad de las células NK (natural killer), que forman parte del sistema inmune innato (Li et al., 2008).

Pero este no es sólo un asunto de salud. Es también político, cultural y ecológico. La vida urbana moderna ha promovido una desconexión radical con los ciclos naturales y ha marginado formas de vida milenarias, muchas de ellas aún activas en pueblos indígenas o comunidades rurales. En paralelo, la crisis climática y ecológica nos muestra que cualquier modelo de desarrollo que ignore a la naturaleza como sistema vivo llega a su límite.

El retorno a una relación directa con la naturaleza no implica necesariamente volver a las cavernas, sino reconocer que la ciudad no es el único destino de lo humano. Existen hoy alternativas vibrantes: movimientos de rewilding personal, agricultura regenerativa, educación al aire libre, trabajo remoto en entornos rurales, e incluso urbanismo biocéntrico.

Quizás es tiempo de entender que no necesitamos “usar” la naturaleza, sino habitarla. Y ese verbo “habitar” exige una relación de respeto, de reciprocidad, y de escucha. No se trata de “conservar” como quien congela una postal, sino de participar activamente en una red de relaciones vivas, donde también somos parte del equilibrio.

Los pueblos nómadas, los recolectores, los caminantes, los trashumantes… nos recuerdan que la humanidad tiene una larga historia, cuya memoria está en nuestros cuerpos y puede ser también una brújula.

Puede ser que la pregunta sea cómo habitar el mundo de otra forma. Si cada vez más estudios confirman que el contacto cotidiano con la naturaleza no es un lujo, sino una necesidad biológica, emocional y social, tal vez ha llegado el momento de repensar nuestras prioridades. No todos querrán vivir cerca del bosque, del mar o del campo. Pero quienes sí lo desean, quienes buscan formas de vida más simples, más integradas, más sanas, deberían encontrar en esa decisión no una excepción apenas tolerada, sino una posibilidad viable, legítima y celebrada. Porque en tiempos de crisis planetaria, reencontrar el equilibrio con la tierra no es sólo un gesto personal: es una forma de cuidar lo común.

En distintas partes del mundo, esta intuición se repite: En Japón, familias reciben apoyo estatal para dejar la ciudad y criar a sus hijos en aldeas rurales. En Italia, pueblos semiabandonados entregan casas por un euro a quienes estén dispuestos a habitar y cuidar. En Escocia, se diseñan servicios móviles para mantener viva la vida rural dispersa. En India, distritos enteros se comprometen a erradicar la migración forzada del campo mediante agua, salud y trabajo digno.

En esa línea, iniciativas como los subsidios a jóvenes rurales para acceder a tierras productivas, recientemente impulsadas por el Gobierno, son una señal esperanzadora. Sin embargo, este tipo de políticas debieran ampliarse a todas las personas que, sin necesariamente haber nacido en el mundo rural, desean emprender ese camino con criterios de sostenibilidad, cuidado del paisaje y reconstrucción comunitaria, piénsese, por ejemplo, en un dentista, una profesora, un técnico o incluso alguien dedicado a mediar conflictos locales: personas que pueden aportar  sanando, enseñando, cuidando o incluso reparando los vínculos del territorio rural.

Fuentes consultadas:

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“Permisos, progreso y protección ambiental: La nueva Ley Marco”

Hace un par de semanas leí en Instagram una carta escrita por la chef chilena Carolina Bazán, socia de Ambrosía Bistró. En ella explicaba que, por la demora en la entrega de la patente de alcoholes, su restaurante en el MUT tenía una facturación 40% menor a la proyectada. Sin entrar en detalles, el dato sonaba inverosímil.

Me encanta seguir los logros de Carolina, como el más reciente, haber diseñado el menú del Mereida en Londres y, por supuesto, empatizo con su ansiedad frente a una situación que parece absurda.

Pero pongámonos en contexto. En los últimos 37 años, la población chilena creció en unos 6,5 millones de personas. Hoy viven en Chile alrededor de 19,5 millones, de los cuales 7,5 millones están en Santiago. El Estado es, por lejos, uno de los mayores empleadores: aproximadamente el 17,4% del total de asalariados (1.194.871 personas a febrero de 2024) trabaja en el sector público. Todas estas personas están dedicadas al servicio, a garantizar derechos, a sostener lo común.

Por otro lado, el Reporte GEM Chile 2023 muestra que el 31% de la población adulta entre 18 y 64 años está emprendiendo. Las PYMEs generan entre el 60% y el 70% del empleo formal del país. Y además hacen comunidad. ¡Cuántos emprendedores conocemos! Cerveceros, arquitectos, orfebres, artesanos, pequeños hoteleros o agricultores. Todas esas personas llenan de color nuestras ciudades y campos. Su abundancia debe alegrarnos. No son el enemigo del medio ambiente: son parte de la diversidad que sostenemos.

Y sin embargo, nos enfrentamos a un sistema legal tan intrincado que a veces parece que nadie logra moverse en él sin perder tiempo, dinero o energía. En Chile se promulgan, en promedio, 150 leyes al año. Llenar un formulario del SII puede sentirse como resolver un problema cuántico. Y la idea de que todos debiéramos conocer la ley es, para muchas personas, derechamente absurda.

En este contexto aparece la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Ley 21.678, boletín 16566-06), una norma que busca ordenar y modernizar el complejo sistema de permisos sectoriales que rige la implementación de proyectos en Chile. Su foco no es cambiar lo que se exige, sino cómo se tramita.

Entre otras cosas, la ley:

  • Crea principios obligatorios para todos los permisos (eficiencia, proporcionalidad, transparencia, etc.).
  • Obliga a publicar requisitos, plazos y trámites en plataformas digitales.
  • Promueve la interoperabilidad entre servicios.
  • Establece reglas generales para el silencio administrativo.

Su objetivo es claro: reducir tiempos, dar certeza y facilitar el cumplimiento. La idea nació en el Ministerio de Economía, pero tiene raíces en el Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial, creado por Hacienda en 2023. Este Comité recomendó acortar plazos de permisos como una forma de estimular la inversión y aumentar la recaudación fiscal. Sus argumentos son sólidos, pero centrados casi exclusivamente en grandes proyectos de inversión.

Para tener una idea del problema, hoy en Chile existen más de 400 permisos sectoriales distintos distribuidos en más de 40 servicios públicos, y en muchos casos los tiempos efectivos de tramitación superan por 3, 5 o hasta 7 veces los plazos legales establecidos. Esta complejidad afecta también a pequeños emprendimientos que carecen de los recursos legales o técnicos para navegar el sistema.

El nuevo marco legal se sostiene sobre tres pilares institucionales que buscan mejorar la experiencia de quienes interactúan con el sistema de permisos sectoriales:

1. Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI)
Esta oficina, dependiente del Ministerio de Economía, tiene como misión coordinar, simplificar y supervisar el funcionamiento del sistema. Si bien no reemplaza a los servicios sectoriales, puede emitir instrucciones, monitorear procesos y proponer reformas normativas. En la práctica, funciona como una oficina de seguimiento, presión y articulación: un espacio que permite identificar cuellos de botella, generar buenas prácticas y empujar transformaciones. No es una nueva ventanilla de permisos, pero sí una herramienta poderosa de gestión pública.

2. Comité de Autorizaciones Sectoriales e Inversión
Integrado por las autoridades de Economía, Hacienda, MOP, Minería y otros, este comité define orientaciones estratégicas, promueve la coherencia regulatoria y realiza revisiones periódicas del sistema. Aunque no aprueba proyectos, tiene atribuciones para proponer normas generales e impulsar mecanismos de mejora continua en la tramitación de autorizaciones.

3. Sistema SUPER (Sistema Unificado de Permisos Sectoriales)
Es la plataforma tecnológica central del nuevo modelo. Permite que las personas y empresas accedan a la información sobre requisitos, formularios, estados de avance y normativa aplicable desde un solo lugar. Facilita la interoperabilidad entre servicios públicos y se enmarca en los objetivos de la Ley de Transformación Digital del Estado (Ley 21.180), que busca reemplazar el papel por trámites 100% digitales, más transparentes y trazables. También representa un paso concreto hacia un Estado más accesible, comprensible y moderno.

En este proceso, también es necesario recordar que la transformación digital no solo debe perseguir eficiencia y trazabilidad, sino también un trato humano. Un Estado verdaderamente moderno es aquel que se organiza para facilitar la vida de las personas, con información clara, atención oportuna, y sobre todo, con respeto. La amabilidad, la cortesía y la actitud de servicio no son extras opcionales en la administración pública, sino pilares esenciales de una relación digna entre el Estado y la ciudadanía.

Sin embargo, al avanzar hacia la digitalización total del sistema, resulta esencial tener presente el principio de facilitación. Si bien la ley establece estándares de eficiencia y acceso, no explicita medidas concretas para enfrentar las brechas tecnológicas que enfrentan muchos ciudadanos y ciudadanas. Personas mayores, con discapacidad, del mundo rural o pertenecientes a pueblos originarios podrían quedar excluidas si no se abordan proactivamente los desafíos del sesgo digital. Un sistema verdaderamente accesible no sólo digitaliza trámites, sino que también garantiza apoyos, acompañamiento y canales alternativos que permitan la participación plena de toda la ciudadanía.

Una cuestión adicional que debiera abordarse con mayor profundidad es la coordinación entre el SEIA y el régimen de permisos sectoriales. En la práctica, existen casos en que un proyecto ingresa a evaluación ambiental y obtiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, pero luego debe tramitar permisos sectoriales fuera de ese marco. Esta disociación entre la evaluación ambiental y la tramitación sectorial genera duplicidades, incertezas y, en algunos casos, riesgos de contradicción normativa.

Si un proyecto ha sido sometido al SEIA, debería tramitar todos sus permisos sectoriales dentro de ese mismo procedimiento, asegurando coherencia en los tiempos, exigencias y estándares. De lo contrario, se pierde la lógica del sistema integrado y se debilita la finalidad misma de la evaluación ambiental: ofrecer una mirada global sobre los impactos de un proyecto y sus condiciones de viabilidad.

Un caso especialmente preocupante es el de los planes de cierre de relaves. Chile tiene un historial minero centenario, y como consecuencia, su territorio —especialmente en zonas del norte— está salpicado de antiguos depósitos de relaves abandonados. Muchos de estos provienen de faenas que nunca fueron sometidas a evaluación ambiental. Hoy, pese a que existe una ley específica sobre su cierre, los planes de cierre de relaves deben ingresar al SEIA. Esta exigencia debiera aplicarse sin ambigüedad, incluso en los casos en que la faena minera original no fue sometida a evaluación ambiental. No sólo porque el cierre de relaves es, por definición, una acción con alto impacto ambiental, sino también porque permite que procesos críticos se tramiten en paralelo al sistema ambiental, restándole coherencia y control.

Por eso, es urgente actualizar el catálogo de proyectos y actividades sujetos a evaluación ambiental, incorporando expresamente, entre otros, el cierre de relaves, sin importar si la faena original fue evaluada o no. Asimismo, debe asegurarse que una vez que un proyecto ingresa al SEIA, todos sus permisos se tramiten dentro de ese mismo marco. Sólo así se puede garantizar una regulación integral, con protección efectiva del entorno y una lógica administrativa que evite vacíos y duplicidades.

El debate sobre esta ley también llegó al Tribunal Constitucional (TC). Un grupo de parlamentarios presentó un requerimiento de inconstitucionalidad cuestionando, entre otros aspectos, el artículo 76, que establece una regla de invariabilidad normativa. Según esta disposición, si un proyecto obtuvo una RCA favorable, los permisos sectoriales que debe obtener posteriormente no podrán exigir condiciones más estrictas que las vigentes al momento de la evaluación ambiental, durante un periodo de tiempo (8 años). Esta regla busca entregar certeza jurídica, pero también plantea riesgos: podría impedir que se apliquen nuevos estándares ambientales a proyectos de alto impacto. Paradójicamente, se entrega el beneficio justamente a quienes han reconocido impactos significativos.

Este tipo de disposiciones no sólo contradice el principio de progresividad ambiental y las normas de orden público que rigen in actum, sino que también debilitan la capacidad regulatoria del Estado para elevar estándares frente a nuevos riesgos o tecnologías. Incluso los tratados internacionales —como el TPP11, el TLC con Canadá o el Acuerdo de Escazú— reconocen expresamente que el fortalecimiento progresivo de las normas ambientales es un deber de los Estados. El requerimiento se encuentra aún en tramitación ante el Tribunal Constitucional. Mientras no se resuelva, el debate sigue abierto: ¿cómo conciliar certeza jurídica con la evolución de los estándares ambientales?

Este conflicto también tiene raíces más profundas. Cuando se dictó la Ley 19.300, se crearon los Consejos de Ministros con la intención de garantizar que todas las políticas públicas incorporaran una mirada ambiental. En la práctica, sin embargo, estos Consejos se han transformado en instancias de veto, donde las prioridades económicas —representadas por Hacienda, Economía o Minería— suelen imponerse sobre las consideraciones ambientales. El Ministerio del Medio Ambiente, creado en 2010, ha tenido históricamente un rol subordinado, sin poder resolutivo pleno y con escasa capacidad para incidir en decisiones estratégicas de desarrollo. Esta situación no es menor, porque limita su autonomía técnica y su potencial para liderar una transformación hacia el desarrollo sostenible.

Como anécdota final, podría parecer que la demora en la patente de alcoholes del restaurante de Carolina Bazán estaría dentro del ámbito de esta nueva ley. No es así. Las patentes de alcoholes están expresamente excluidas del alcance de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, al igual que otros permisos municipales, según lo establece el artículo 2º de la ley.

Pero el punto sigue siendo válido: cuando los trámites son opacos, excesivos o descoordinados, afectan directamente la vida y los sueños de las personas. Y si bien esta ley no resuelve todos esos problemas, y aún debe superar los reparos constitucionales planteados, sí representa un paso relevante hacia un Estado más ordenado, más predecible y más al servicio de quienes emprenden, trabajan y sueñan en este país.

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Volver al Campo: las posibilidades que trae una nueva generación rural

Rural, conservación, DRC

por Macarena Soler, abogada especialista en medioambiente, fundadora de Geute Conservación Sur

Hace un siglo la migración campo-ciudad en Chile era el resultado de la desigualdad y la pobreza. En esos años la mitad de los chilenos eran campesinos, es decir los abuelos y bisabuelos de muchos de nosotros. Y somos muchos de nosotros, un par de generaciones más tarde, los que queremos volver.

Ciudades colapsadas, violencia, estrés, contaminación, hacinamiento, cambio climático, las experiencias derivadas de la pandemia de Covid 19, así como la posibilidad de trabajar desde casa, entre otros factores, han llevado a la convicción de que en las zonas rurales la calidad de vida será mejor. Así lo recuerdan nuestras historias familiares y así lo dice nuestra propia experiencia de 15 días de vacaciones al año entre montañas, lagos, playas, o bosques.

Todos los estudios ratifican esta intuición. La felicidad, longevidad y la salud están íntimamente asociadas, entre otros factores, al contacto estrecho y permanente con la naturaleza, a la alimentación saludable, y a la vida en comunidad, la cual genera un sólido tejido de contención y de apoyo recíproco. La felicidad es una meta humana fundamental, algo que pese a ser obvio, ha sido relegado por la religión económica globalizada, que acopla el crecimiento al desarrollo.

Bután introdujo en los años 70 el “Índice Nacional Bruto de Felicidad”, para determinar el bienestar y el progreso de un país en oposición al Producto Interno Bruto (PIB). Fue este mismo país el que inspiró a las Naciones Unidas a reconocer una resolución llamada «Felicidad: Hacia un enfoque holístico del desarrollo», llamándonos a repensar nuestro sistema de mercado hacia uno que apunte a una integración más armónica entre nuestras necesidades y la naturaleza, poniendo al ser humano y a su felicidad al centro del debate.

Desde el año 2013 la ONU realiza el Informe Mundial de la Felicidad (WHR), donde se miden variables como esperanza de vida saludable, apoyo social en tiempos de problemas, poca corrupción y alta confianza social, generosidad en una comunidad donde las personas se cuidan entre sí, y libertad para tomar decisiones clave en la vida.

Lo interesante, según estos informes, es que las sociedades más felices, son más resilientes económicamente y tienen mejores índices de PIB per cápita. Además, en tiempos de crisis, como la pandemia o una recesión económica, buscan y encuentran formas cooperativas de trabajo para para reparar el daño y reconstruir mejores vidas.

Lamentablemente, llevamos décadas en una única dirección, reemplazando nuestras tradiciones por lo extranjero, lo moderno y la moda; la agricultura por la agroindustria; lo rural por lo urbano; lo duradero por lo desechable. Una lista infinita de imposiciones culturales que nos convierten en una sociedad mono pensante. Tan mono pensante que el disidente arriesga el descrédito y “la funa”.

En contrapartida, pareciera que “volver” es la verdadera vanguardia. Muchos estamos recordando nuestros orígenes en todo ámbito, como tomarse el tiempo para cocinar, en vez de optar por la comida rápida o la envasada. Cultivar la propia comida o comprar al productor local, en vez de optar por las grandes cadenas de supermercados. Explorar y hacer ecoturismo, en vez de preferir los resorts y los viajes full day. Estamos optando por una vida más simple y sana, por tiempo libre, vida familiar, y, en muchos casos, por regresar al campo.

La migración inversa, de la ciudad al campo, no es un proceso malo en sí mismo. No obstante, a nadie le cabe duda de que es una necesidad urgente ordenar la ocupación del territorio rural, regular el mercado inmobiliario y generar certezas de que, en un marco de igualdad ante la ley, protejan el medio ambiente y a las comunidades rurales.

Actualmente, el 83% del territorio chileno se considera rural, pero cerca del 90% de los chilenos vive en ciudades. Nuestro territorio alberga un sinfín de oportunidades para esta nueva generación rural: un desarrollo integral, es decir espiritual, material y comunitario; revitalizar nuestra cultura e identidad; o hacernos partícipes de la conservación de la biodiversidad, siendo activos en la tarea de restaurar los ecosistemas que hemos degradado y apostar también por una bioeconomía. Hoy, además, existen múltiples posibilidades tecnológicas para habitar en armonía con la naturaleza, minimizando nuestros impactos y produciendo de manera regenerativa.

Regresar al campo para muchos es una necesidad, una que seguirá creciendo. El verdadero desafío es dar espacio a estas legítimas decisiones de vida, reconociendo además sus enormes y beneficiosas posibilidades.