Entre el 3 y 5 de marzo se realizaron los alegatos ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta para decidir -nuevamente- el futuro del proyecto minero-portuario Dominga, el cual pretende instalarse en uno de los paraísos de biodiversidad de nuestro país.
El rechazo o aprobación del proyecto Dominga es como esas teleseries de antaño que no acababan nunca. De hecho, a principios de marzo, se vivió un nuevo capítulo, donde el Tribunal Ambiental de Antofagasta escuchó los alegatos para volver a decidir el destino del proyecto, pudiendo revivir y perder su actual estatus de rechazado.
“Tuvimos que alegar una vez más sobre un proyecto que ya se había rechazado y que esperamos se mantenga así, porque Dominga es un mal proyecto, con información insuficiente y que no pretende hacerse cargo de los problemas ambientales que generaría. Pero, además, es un proyecto absolutamente desacertado por querer emplazarse en un lugar que es de importancia internacional por su enorme riqueza ambiental. Si somos tolerantes con los defectos de los proyectos vamos a tener resultados ambientales nefastos en medio de una situación ambiental que ya no da para más”, aseguró Macarena Soler, fundadora de Geute Conservación Sur y una de las abogadas que lideró los alegatos en contra del proyecto Dominga.
Recordemos que el proyecto fue rechazado el 2017 en el Gobierno de Michelle Bachelet, primero, por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y, luego, por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Ambas instancias argumentaron que el proyecto tenía graves deficiencias técnico-ambientales, una de ellas era la deficiente información de “línea de base”, es decir, la descripción detallada del área de influencia del proyecto previo a su ejecución. En palabras simples: si un proyecto no detalla en profundidad cuáles son los elementos presentes en el lugar donde se desarrollará, no puede especificar cuáles son los impactos que generaría, ni las medidas de mitigación que podría hacer para asegurar que el proyecto sea sustentable.
Otros puntos para rechazar el proyecto fueron que las medidas de mitigación, compensación y reparación propuestas por la empresa Andes Iron SpA, eran insuficientes para hacerse cargo de manera adecuada de eventuales impactos significativos al medio ambiente y a la salud de las personas.
A pesar del rechazo, Andes Iron no se rindió y presentó al año siguiente un recurso de reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta argumentando que hubo vicios en el proceso de rechazo. El Tribunal, sin evaluar el fondo del proyecto, sino que solo por razones de forma, les dio la razón y sentenció que el proyecto debía volver a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
Frente a esto, las organizaciones ambientales y la comunidad presentaron recursos de casación ante la Corte Suprema para que dejara sin efecto la resolución del Tribunal Ambiental y se mantuviera el rechazo al proyecto. Después de varios meses, en septiembre del año pasado, la Corte Suprema dictó la esperada sentencia y devolvió el caso al Tribunal Ambiental de Antofagasta, pero indicándole que ahora debía pronunciarse sobre el fondo del proceso, es decir, deberá analizar si la información ambiental que se desarrolló en el proceso de evaluación ambiental es suficiente o no para aprobar la iniciativa.
Un paraíso de biodiversidad
El proyecto minero de la sociedad Andes Iron considera la construcción de dos minas a rajo abierto para la extracción de hierro y cobre, un puerto de embarque, áreas de relave y una desalinizadora. El problema principal es que el proyecto pretende ubicarse en una zona considerada prioritaria para la conservación de la biodiversidad del mundo. Se trata del sector costero emplazado al sur de las Reservas Marinas Islas Choros-Damas e Isla Chañaral y la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, hábitat de numerosas especies emblemáticas amenazadas y en peligro como ballena azul, jorobada y fin, delfín nariz de botella, chungungo, lobos marinos y diversas especies de aves, donde destaca el 80% de la población mundial de pingüino de humboldt, especie vulnerable protegida por la legislación chilena.
Científicos y ambientalistas coinciden en que el proyecto Dominga tendría efectos ambientales negativos irremediables en la biodiversidad y ecosistemas del área, como consecuencia de las emisiones de material particulado que producirían las dos minas a rajo abierto, y de los residuos del proceso industrial generados en la extracción de hierro y cobre, los cuales contienen concentraciones de arsénico, plomo y mercurio, entre otros elementos tóxicos.
El Consejo de Ministros al mando de Michelle Bachelet, aprobó la creación de un Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) en La Higuera, pero sin definir sus límites y el proyecto que quedó en estado de latencia hasta el día de hoy, sin existir avances en su declaratoria. Sobre esto, Macarena Soler es tajante: “Hoy es fundamental avanzar para que esta zona sea declarada como Área Marina Protegida, especialmente teniendo en cuenta la importancia de mantener la salud de los océanos en el escenario de crisis climática en que nos encontramos. En medio de esta crisis, lo lógico es pensar en conservar y restaurar nuestro medio ambiente, en vez de destruirlo”.
