Desde mediados del año 2019 nos hemos reunido, mensualmente, trece organizaciones de la sociedad civil de distintos orígenes y enfoques en un Grupo de Trabajo en Política Pública Pesquera de Chile, cuyo fin es proponer mejoras a la política pública del sector para contribuir en la recuperación de las pesquerías y mejorar la salud del océano. Es nuestro rol, también, analizar y discutir las propuestas de modificación a la institucionalidad pesquera en cuanto afecten -o puedan afectar- la sustentabilidad de dicho sector o afecten a las personas que viven directa o indirectamente del mar.
El pasado 23 de enero el gobierno del presidente Piñera ingresó a tramitación el proyecto de ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural (boletín N° 13.218-06). Tal como indicó el mandatario al momento de su ingreso, el proyecto tiene por objeto incrementar el potencial agroalimentario del país, a través del otorgamiento de mayores competencias a la institucionalidad que regula el sector agrícola. Adicionalmente, la creación de esta nueva cartera también incorpora cambios sustantivos en lo que a pesca y acuicultura respecta, pues contempla el traslado de todo lo relativo a esta materia, incluida la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo al nuevo ministerio.
Su tramitación ha sido catalogada como de “urgencia suma” desde el 28 de abril, la cual ha sido renovada cada 15 días. En sesión de la Comisión de Agricultura de 19 de mayo, la cual estaba citada para votar el proyecto en general, parlamentarios miembros de la misma solicitaron el retiro de la urgencia al proyecto y extender el plazo de la votación, para así dar más tiempo para su revisión y poder escuchar a todos los sectores involucrados. Sin embargo, al no tener la unanimidad de los diputados, el proyecto fue votado y aprobado. Adicionalmente, quedó estipulado el acuerdo de la renovación de la suma urgencia pues, y en palabras del ministro Antonio Walker, hay disponibilidad para abrir todos los espacios de diálogos “en un tiempo razonable”. Si bien la votación en general no necesariamente implica que no se recibirán más audiencias en la comisión, esta decisión mantiene acelerada la tramitación de este nuevo ministerio.
Dentro del proceso de tramitación del proyecto, que actualmente es revisado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, nos llama la atención que no está previsto su análisis por parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Tampoco el proyecto de ley presentado por el ejecutivo contempló un proceso de Consulta Indígena, ni ha procurado recoger observaciones de otros actores clave como los pescadores artesanales y organizaciones ciudadanas.
Por último, cabe hacer notar que el avance de este proyecto de ley y, en especial, la urgencia puesta por el gobierno para su tramitación ha generado un rechazo transversal de los actores involucrados[1].
De acuerdo con ello y como resultado de la discusión y análisis dentro del Grupo de Trabajo en Política Pública Pesquera, algunas de las organizaciones miembros firman y declaran lo siguiente:
- Que es fundamental que un proyecto de estas características tenga el tiempo necesario para su correcto análisis por parte de los parlamentarios.
- Que se establezca un plazo dentro de la comisión para recibir opiniones, aportes e inquietudes de los diferentes actores afectados o involucrados, como Subpesca, Sernapesca, Ifop, academia, actores a lo largo de la cadena de suministro de la pesca, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
- Que es pertinente deponer la renovación de la suma urgencia del proyecto, pues nos encontramos en un contexto nacional y mundial donde los esfuerzos legislativos deben estar centrados en la superación de la pandemia, lo que al mismo tiempo supone, en caso de continuar su tramitación, una dificultad para el correcto y detenido análisis del proyecto.
- Que resulta esencial la revisión de este proyecto por parte de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, para que pueda ser analizado el traslado de la institucionalidad pesquera a un nuevo ministerio por parte de la comisión técnica especialista del tema.
- Que se realice la consulta indígena de acuerdo con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.[2]
Organizaciones firmantes:
- Terram
- Costa Humboldt
- Pesca Sustentable
- Geute Conservación Sur
- WWF
- Fundación Punta de Lobos
- Future of Fish
[1] http://www.conapach.cl/noticias/rechazo-transversal-a-la-fusion-de-los-sectores-pesca-agricultura-y-forestal-en-un-nuevo-ministerio/
[2] El Relator Especial de Naciones Unidas (James Anaya) ha sido explícito en señalar que una legislación general de pesca debe ser sometida a consulta previa, en tanto impacta a los pueblos indígenas de un modo distinto al resto de la población, dada su particular relación con dichos recursos. Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2012. En Mesa-Lopehandía, 2019 “Consulta Previa Indígena y Medidas Legislativas: Estándar Internacional y Práctica Nacional” BCN, Valparaíso.
